La Justicia golpeó a las puertas de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El juez federal Julián Ercolini ordenó allanar cuatro dependencias de la Procuración General de la Nación para obtener registros de la compra de un edificio realizada en 2013 por 43,8 millones de pesos, unos 8 millones de dólares de la época.
Los procedimientos se extendieron a la inmobiliaria que intervino en la operación, Jaureguiberry y Asociados, y a la casa de un intermediario, que cobró una jugosa comisión de casi 3 millones de pesos y que es medio hermano de un funcionario de la Procuración General de la Nación que estaba en el área de contrataciones. La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.