El diputado nacional de Democracia Cristiana (Aliado al bloque UNA) por Córdoba y Presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja, Juan Fernando Brügge viene trabajando con este proyecto de Ley desde 2016.
“Actualidad Política” habló con el legislador Juan Brügge y explicó con fundamentos la iniciativa de su autoría: “Hace tiempo que vengo trabajando sobre el tema y que pedimos el Registro Nacional de Violadores». «Este proyecto tiene una pena accesoria que permite, por un lado, poder identificar con rapidez el lugar en donde residen estas personas, ante la posible comisión de un delito de estas características en la zona, y por el otro lado, contribuye al autocontrol de los mismos frente a la posibilidad de una reincidencia”. Y agregó, respecto a las sanciones por incumplimiento de la pena accesoria, “será pasible de la pena de prisión de uno a tres años en el supuesto de no constituir o no comunicar el cambio de domicilio de residencia habitual, y de dos a cinco años en caso de no presentarse ante el Tribunal o juez competente para cumplir con la obligación de concurrencia cada treinta días”.
En tanto, Brügge hizo hincapié en otro aspecto de importancia: “Para el caso de reincidencia en el cumplimiento de la ejecución de la pena accesoria, se aumentan las escalas señaladas en un tercio”.
Por otra parte, se refirió a la estadísticas en diferentes lugares del mundo sobre este tema: “países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, que nos referencian una tasa de reincidencia en estos tipos de delitos que llegan al 65 % entre los dos y tres años de haber obtenido la libertad. Y el Centro Federal de Criminología de Alemania, informa sobre un estudio realizado en diferentes etapas de la libertad obtenida por los condenados por delitos contra la integridad sexual que al primer mes se verifica una tasa del 11 % de reincidencia”.
EN CÓRDOBA, YA EXISTE EL “REGISTRO DE VIOLADORES”
El 16 de septiembre de 2009 se creó por Ley el PROGRAMA PROVINCIAL DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DELINCUENTES SEXUALES Y DE PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. Justamente esa iniciativa fue del diputado nacional Juan Brügge suscripta por otros legisladores de Unión Por Córdoba, alianza que integran el Partido Justicialista con el Partido Demócrata Cristiano.
Funciona en dos ámbitos: el Ministerio de Justicia y la Policía provincial. El primero recopila los datos y el otro hace el seguimiento del condenado que recuperó la libertad.
Córdoba es uno de los pocos lugares que tienen una herramienta de este tipo, que además obliga a los organismos públicos cuyo trabajo involucra a menores de edad a exigir certificados de antecedentes sexuales.
Acerca de la Ley, dispone que la inscripción en este registro “importa la prohibición absoluta y automática para desempeñarse en servicios públicos o semipúblicos en los que estuviesen involucrados menores de edad”. Y, además, la prohibición se aplica a quien “pretenda incorporarse a establecimientos educativos de cualquier nivel y cualquiera sea la función que ejerzan. También quedan comprendidos los transportes privados de menores de edad”.