Un ataque presentado como un atentado y la denuncia de una agresión en su propio despacho del edificio de los Tribunales de La Plata instalaron al fiscal penal Fernando Cartasegna como blanco de una supuesta conspiración de mafias, policías y abogados corruptos. Pero menos de dos meses después de esos episodios, el escenario se desmorona como un castillo de naipes y ahora el funcionario está al borde de un juicio político, internado en un neuropsiquiátrico y procesado por delitos que lo podrían llevar a prisión.
El último escalón del descenso de Cartasegna se confirmó ayer. Tal como adelantó Clarín el lunes, la Procuración General de la Suprema Corte dispuso la “disolución” de la UFI N° 4, que dirigía Cartasegna, después del llamado a indagatoria solicitado por el fiscal Alvaro Garganta, quien imputó a su colega por “falsedad ideológica de documento público, violación de medios de prueba, incumplimiento de promover la persecución y represión (de delitos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
¿Cómo pasó Cartasegna del lugar de víctima de presuntas bandas policiales a quedar al borde de la destitución y el procesamiento? La secuencia empezó cuando el fiscal denunció que el fin de semana largo del 1° de mayo un grupo de desconocidos lo habían golpeado a pocos metros de la Fiscalía; que se metieron en el garage de la casa; que atormentaron a las mascotas de la familia y que le dejaron panfletos con leyendas que decían: “Conozca el próximo Nisman” y “Muerte a Nisman”. El funcionario atribuyó el atentado a la inminente llegada a su Fiscalía de una derivación de la llamada “causa de los sobres (con coimas) de la Departamental La Plata”. Ese expediente, que tiene a jefes policiales imputados, nunca ingresó a su despacho.
No obstante, días después ocurrió un hecho que pareció tener gravedad institucional: según el fiscal platense, el 4 de mayo, cerca de las 16, “por lo menos una persona” entró a su oficina, lo agredió, lo amordazó, le ató las manos y lo obligó a escribir con azúcar en el piso la palabra “Nisman”.
A partir de ese día, aunque en el ámbito judicial y político no se animaban a decirlo en público, no eran pocos los que dudaban de la veracidad del relato. Enseguida, el procurador General, Julio Conte Grand, le concedió una licencia extraordinaria a Cartasegna. Lo envió a su casa e intervino su fiscalía.
Fuente: Clarín
