Todos los detenidos por los incidentes del viernes a la noche en Plaza de Mayo, durante la protesta por la desaparición de Santiago Maldonado, fueron excarcelados durante la madrugada del lunes a excepción de uno que tenía antecedentes penales y sobre el que había dudas sobre su identidad, dijeron a Clarín fuentes judiciales.
Los 31 detenidos fueron trasladados el domingo a primera hora a los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py y recién comenzaron a ser indagados a partir de las 14 por los empleados y funcionarios del juzgado federal penal 5, vacante y subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi, titular del juzgado 8.
Las excarcelaciones pedidas por los abogados defensores, María del Carmen Verdú, Ismael Jalil y Matías Alfieri, fueron avaladas por el fiscal Ramiro González, a excepción de uno de los detenidos, que ante la Policía dijo ser venezolano y luego, ante la Justicia, que era colombiano.
Se trata de quien en un primer momento dijo llamarse Harold Daniel Morín Castro (identificado en el primer listado difundido el sábado a la mañana como Marín Castro), pero que luego ante la Justicia dio otra identidad y dijo ser colombiano. El consulado de Venezuela negó que fuera de esa nacionalidad, según revelaron fuentes judiciales.
Las excarcelaciones pedidas por los abogados defensores, María del Carmen Verdú, Ismael Jalil y Matías Alfieri, fueron avaladas por el fiscal Ramiro González, a excepción de uno de los detenidos, que ante la Policía dijo ser venezolano y luego, ante la Justicia, que era colombiano.
Se trata de quien en un primer momento dijo llamarse Harold Daniel Morín Castro (identificado en el primer listado difundido el sábado a la mañana como Marín Castro), pero que luego ante la Justicia dio otra identidad y dijo ser colombiano. El consulado de Venezuela negó que fuera de esa nacionalidad, según revelaron fuentes judiciales.
Todos ellos estaban acusados de haber incurrido en los delitos de intimidación pública, daños, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones en perjuicio de los policías apedreados al cabo de la manifestación en reclamo de la aparición de Maldonado.
El fiscal González le pidió al juez Martínez de Giorgi unas quince medidas de prueba para profundizar la investigación, entre ellas las filmaciones que existieran en los medios de prensa sobre los incidentes.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron su sorpresa por el «déficit probatorio» arrimado por la Policía contra los detenidos. La única prueba hasta ahora son las declaraciones consignadas en las actas por la propia Policía sobre las detenciones.
Las mismas fuentes señalaron que la Justicia recién fue avisada por la Policía de los incidentes a las 23.45 de la noche del viernes, mucho tiempo después de que arrancaran. De acuerdo con la información con la que cuenta la Justicia, en base a lo aportado por la Policía, los incidentes comenzaron cuando un grupo de unas 200 personas quisieron derribar el vallado instalado en la mitad de la Plaza de Mayo luego de concluida la protesta.
El asunto es que la mayoría de los catorce detenidos que declararon ante el juez -los otros diecisiete se negaron a hablar ante el magistrado, como parte de su derecho de defensa- dijeron haber sido arrestados mucho tiempo después y muy lejos del lugar de los hechos.
Por caso, las fuentes citaron el ejemplo de uno de ellos, José Domingo Morales, quien según las actas policiales fue detenido cuando intentaba derribar el vallado de la Plaza de Mayo y él mismo dijo y mostró pruebas de que fue arrestado al salir de una pizzería en la esquina de la Avenida de Mayo y la Avenida 9 de Julio. Morales tenía el ticket de lo que había consumido allí y en él figuraba la hora en la que éste fue emitido.
«Mientras lo trasladaban en el camión, una oficial le dijo que iba a ser el próximo desaparecido», señaló el abogado Jalil sobre la detención de Morales. Y luego añadió: «Lo que importa es que sigue sin aparecer Santiago Maldonado».
La liberación de los detenidos fue exigida durante toda la jornada por medio millar de manifestantes que cortaron la avenida Comodoro Py y que luego, ante la lluvia caída pasado el mediodía, instalaron una carpa para guarecerse del chaparrón. Por la noche se hizo presente la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Nora Cortiñas.
«Tenemos probada la falsedad de las imputaciones», expresó fuera del edificio la abogada Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Fuentes judiciales no descartaron que la causa derive en una investigación contra la propia Policía por detenciones arbitrarias. En los hechos actuaron agentes tanto de la Policía de la Ciudad como de la Policía Federal.