El Diputado explicó que «a las innumerables evidencias surgidas de testimonios, documentos e investigaciones periodísticas como las de Juan Alonso y Ricardo Ragendorfer, entre otros, se suma ahora el reconocimiento explícito de la ministra Bullrich ante la diputada nacional, Victoria Donda, y miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de que: ‘por ahí a algún gendarme se le pasó la mano'».
Tailhade sostiene que dichos elementos «dan cuenta, por si hiciera falta, de las maniobras encubridoras del crimen por parte de Bullrich. Lo cual termina de consagrar un cuadro gravísimo de responsabilidades funcionales por parte de la cúpula de la cartera de seguridad si se tiene en cuenta que también está probado que Pablo Noceti fue quien comandó en persona el operativo represivo contra los mapuches, por el corte de la ruta nacional 40 que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado».
El Diputado Tailhade afirmó que el juez Otranto debe ordenar la detención de ambos funcionarios, ya que «quienes todavía mantienen el dominio de la investigación, y por lo tanto, además de resultar responsables políticos de la desaparición de Santiago, se encuentran en condiciones de ocultar evidencias y obstaculizar la investigación, es decir una de las causales que justifica el dictado de la prisión preventiva».