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Ciccone: Vandenbroele negocia su “arrepentimiento”

El Gobierno rechazó pagarle al presunto testaferro del exvicepresidente. Habría pedido U$S 1 millón para aportar datos

02_10_2017 Alejandro Vanderbroele se retira esta tarde de los Tribunales de Comodoro Py. FOTO PEDRO LAZARO FERNANDEZ

Alejandro Vandenbroele habría pedido 1 millón de dólares y más protección para él y su familia, a cambio de arrepentirse y confesar sobre su vínculo con Amado Boudou en el llamado Caso Ciccone.

Pero el presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou habría chocado con la negativa oficial.

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Según publica hoy el diario La Nación, las tratativas comenzaron hace dos meses y se alargaron durante semanas, en las que un efectivo de la Prefectura Naval sirvió de primer puente entre Vandenbroele y el Gobierno. El prefecto transmitió el mensaje, que llegó a la cúpula de la fuerza y de allí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, por otro lado, tenía su propia vía de llegada a la familia del presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou.

Vandenbroele viajó desde Mendoza hasta Buenos Aires, está alojado en un departamento de Puerto Madero junto con el prefecto y a su abogada, Liliana Cobas, y quiere acogerse al régimen del arrepentido y al programa de protección de testigos.

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El empresario habría hecho llegar al Gobierno nacional la versión de que estaba cansado de ser “mantenido por Brito, que le pasaba una mensualidad”, en alusión al banquero Jorge Brito, y que pedía “un millón de dólares para dar el paso”. Junto al potencial arrepentido sostienen que no aludió a Brito, sino a “los dueños de la plata”, y evitaron precisar cifras, sino que Vandenbroele sí pidió que le dieran garantías “de seguridad, para que no lo maten, y de que podrá mantener una cierta posición económica”.

La ministra Bullrich se reunió a solas con Cobas y rechazó pagarle a Vandenbroele. “No vamos a hacer «la gran Galeano»”, indicó, en alusión al entonces juez federal de la causa AMIA Juan José Galeano, que le pagó US$ 400.000 a través de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a Carlos Telleldín para que declarara como testigo y terminó destituido y acusado.

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Según La Nación, la ministra alertó a los jefes del programa de protección de testigos, que depende del Ministerio de Justicia, y al juez federal a cargo del “caso Ciccone”, Ariel Lijo, que replicó que Vandenbroele fuera de inmediato a su juzgado.

La aparición de Lijo habría inquietado a Vandenbroele, que al igual que algunos colegas de Comodoro Py le adjudica al magistrado una solapada cercanía con Brito.

El equipo de Bullrich evaluó entonces evitar a Lijo e intentarlo con el fiscal del “caso Ciccone”, Jorge Di Lello. Pero ya era tarde. Vandenbroele comenzó a recibir llamadas amenazantes en su teléfono celular y enfrió las tratativas por primera vez. Optó por marcharse a Mendoza para “evaluar sus opciones”. Unos días después, comunicó que quería intentarlo otra vez y volvió a Buenos Aires. Aunque el paso sólo puede darse en la etapa de instrucción de una causa penal -no cuando ya está en la instancia oral-, Vandenbroele aún tenía forma de lograrlo. Podía entrar, por ejemplo, a través de la causa por los $ 7,8 millones de comisión que cobró The Old Fund por el canje de la deuda del gobierno de Formosa tras una decisiva intervención de Boudou, entonces ministro de Economía.

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Esa negociación -en teoría secreta- ya se había filtrado lo suficiente como para que allegados de Boudou se acercaran a Tribunales todos los días para preguntar si Vandenbroele ya había dado el paso. Y luego llegaron las filtraciones periodísticas, a fines de agosto.

“Ahí se cayó todo. Por temor a que le pegaran un tiro a él o a alguien de su familia. Es una lástima porque él podía ayudar a resolver esta investigación [por el caso Ciccone]? y otras también”, señalaron desde el entorno de Vandenbroele.

Desde entonces, el equipo de Bullrich intentó un tercer y último acercamiento. Contactó a un conocido de Vandenbroele, pero la respuesta fue negativa. Porque el presunto testaferro de Boudou ya cerró esa puerta, por desconfiar del juez Lijo y porque aún si pudiera resolver sus problemas en la Argentina seguiría bajo la lupa en Uruguay, que reclamó su extradición por presunto lavado.

Boudou, en tanto, enfrentará a partir de este martes un nuevo juicio oral ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, por presuntos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con su función, cometidos en la venta de la ex Ciccone Calcográfica.

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En el proceso oral por las supuestas irregularidades en la operación de la imprenta también será juzgado Vandenbroele. Además, irán al banquillo el ex dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone; el jefe de asesores del Ministerio de Economía durante la gestión de Boudou en esa cartera, Guido Forcieri, y Rafael Resnick Brenner, quien ocupó el mismo cargo en la AFIP.

A todos, con distinto grado de participación, se les atribuyen los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el desempeño de funciones cometidos durante en el “salvamento” y posterior intento de compra de la empresa que, junto con la Casa de Moneda, imprimía billetes de circulación corriente.

Boudou fue procesado por el juez federal Ariel Lijo, acusado de la supuesta compra de la imprenta a través de un fondo de inversión “The Old Fund”, cuyo titular era Vandenbroele, para quedarse con el negocio de la impresión de billetes.

Según el juez Lijo, instructor de la causa, Boudou se “valió de su cargo para, con la intermediación de Vandenbroele y del empresario José María Nuñez Carmona, lograr que la AFIP beneficiara a Ciccone con un plan de saneamiento fiscal”, para evitar la quiebra y adquirir la imprenta, según la acusación.

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Se trata del segundo juicio oral que enfrenta Boudou, ya que el primero fue ante el TOF 1, el 4 de agosto último, en una causa en la que se lo acusaba de haber falseado la documentación registral de un automóvil Honda de su propiedad, en la que resultó sobreseído, por decisión de la mayoría.

El sobreseimiento del ex vicepresidente se produjo por la extinción por prescripción de la acción penal, según expuso el TOF1, que también sobreseyó a la ex novia de Boudou, Agustina Seguín, y absolvió a María Graciela Taboada de Piñero, la titular del registro automotor que intervino en el trámite.

El tercer juicio oral a Boudou será por la presunta compra irregular de 19 autos de alta gama para el Ministerio de Economía en el kirchnerismo, y también estará a cargo del TOF 4, como resultado del sorteo para su adjudicación.

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