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Obra pública: Piden elevar a juicio la causa contra CFK y Lázaro Báez

La Oficina Anticorrupción, liderada por Laura Alonso, pedirá al juez Ercolini cerrar la instrucción de la causa contra la expresidente

La Oficina Anticorrupción pedirá hoy la elevación a juicio de la ex presidenta Cristina Kirchner, de Julio De Vido y de casi una decena de altos funcionarios en la denominada causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez. El requerimiento del organismo que encabeza Laura Alonso se descontaba. El martes vencía el plazo para elevar ante el juzgado de Julián Ercolini. Sin embargo, la verdadera novedad es el pedido de los abogados de la OA para que la ex Presidenta y los demás procesados por administración fraudulenta y asociación ilícita sean acusados por 51 defraudaciaciones distintas en lugar de un único delito. De ese modo, si el pedido prosperara, la ex mandataria podría acumular sentencias con una pena total de 50 años de cárcel, lo máximo que permite el Código Penal, se entusiasman en algunas oficinas del Estado.

Los abogados de la OA entienden que es un pedido disruptivo. Existe jurisprudencia en contra de la Corte Suprema, como “el fallo Pompas”, que entiende que el delito de defraudación por administración fraudulenta “tiene en mira la totalidad de la gestión involucrada” por lo que la reiteración no se contabiliza y el delito sigue siendo “único e inescindible”.

A pesar del embargo por $ 10 mil millones de Ercolini a Cristina Kirchner, saben que la asociación ilícita, por la que también está procesada la ex Jefa de Estado y que tiene un máximo de 10 años de prisión, es mucho más difícil de probar que la administración fraudulenta, que tiene un máximo de 6 años de prisión.

En el recurso de más de 300 páginas -que pretendían presentar el jueves, pero debieron postergar por el día del empleado judicial que se celebró ayer- los abogados de la OA requirieron también la elevación a juicio del ex ministro de Planificación Julio De Vido, del ex secretario de Obras José López, del ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, del subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, del titular de Austral Construcciones Lázaro Báez.

El pedido también se requiere la elevación a juicio del ex jefe de la División Obras del Distrito 23° Raúl Daruich, del representante de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda, del ex presidente de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, del ex titular de la empresa estatal- provincial de Servicios Públicos Juan Carlos Villafañe, del ex titular de Vialidad Provincial Raúl Pavesi, del también ex director del mismo organismo José Santibañez y del ex subsecretario de Obras Abel Fatala.

Los señalan por haber creado un plan sistemático para desviar fondos públicos a través de vialidad nacional entre 2003 y 2015, durante los tres períodos kirchneristas en los que Báez pasó de ser un empleado bancario a ejercer el monopolio de la obra pública en Santa Cruz.

Durante esos 12 años, a pesar de su bajísima población, la provincia de los Kirchner se convirtió en la segunda beneficiaria de obra pública después de la provincia de Buenos Aires. Durante ese lapso -según cuenta en el expediente- se llevaron a cabo 88 obras, 51 de las cuales fueron adjudicas a Austral Construcciones o a Gotti, adquirida por Báez.

En total, tuvieron un costo de 16 mil millones de pesos que, indexado a valores de agosto de 2016, sumarían un total de $ 46 mil millones, que al cambio oficial de esa fecha equivaldrían a 3 mil millones de dólares.

Según el relevamiento de la querella, solo tres obras fueron con recursos directos de Nación. El resto se pagó desde Vialidad Nacional a la provincia, que terminó cubriendo los costos de la obra con los fondos nacionales. Según la OA y los fiscales Gerado Pollicita e Ignacio Mahiques, se trataron de “licitaciones simuladas”. La competencia de Báez -denuncia la querella- ofertaba siempre por encima del 20% del presupuesto original que permite la legislación provincial y con otros errores técnicos, por lo que Austral Construcciones y Gotti ya se habían adjudicado la licitación antes de que se abriera el sobre. “Replicaron el mismo modelo -la matriz de corrupción- que habían implementado en Santa Cruz”, aseguran abogados de la OA. Argumentan además haber probado sobreprecios en tres casos testigo y que Báez no tenía capacidad técnica para presentarse a las obras y a veces los mismos controladores técnicos propios para abarcar obras en todo el territorio de la provincia.

Técnicamente, a la ex Presidenta podría caberle responsabilidad “solo” en 49 de las 51 obras adjudicadas a Báez. Dos ya habían sido ejecutadas cuando asumió al frente del Ejecutivo nacional el 10 de diciembre de 2007. Muchas otras estaban en ejecución. Como las terminadas, habían sido encargadas durante la gestión de su esposo y antecesor Néstor Kirchner.

La firma de la ex mandataria sin embargo, solo aparece en las reasignaciones de partidas presupuestarias. La firma de De Vido, López y Periotti, en cambio se replica una y otra vez.

A pesar del cambio de paradigma que significaría imputar a la ex mandataria y los demás procesados por 51 defraudaciones, en la OA son optimistas del éxito de su planteo. El verdadero objetivo, de todos modos, es que la elevación a juicio prospere y que Cristina Kirchner esté sentada en el banquillo de los acusados en diciembre de 2018.

 

 

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