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El Consejo de la Magistratura porteño aprobó su plan de ajuste

Tras la polémica, el organismo redujo un 20% de empleados, elimina direcciones, reduce las “cajas chicas” a la mitad, y restringe viajes

El Consejo de la Magistratura porteño dio marcha atrás ayer con la polémica Resolución que creaba nuevas estructuras en el organismo y aprobó un Plan de Readecuación Administrativa y de Recursos Humanos, que reducirá un 20% su planta de empleados, en un plazo de dos años, y será acompañada por una eliminación similar de direcciones generales y direcciones en su estructura de organización.

“Vamos a bajar de 1037 empleados en planta permanente a 875, a través de retiros voluntarios, jubilaciones y transferencias a otros organismos, sin que esto implique el despido de ningún empleado”, dijo a Clarín su presidenta Marcela Basterra. Y contó que, “en sintonía con el espíritu de esa decisión”, se van a dar de baja a partir de febrero algunos contratos laborales, hasta llegar en un plazo de dos años al 20% de los empleados que están “bajo contrato”.

Los sueldos de los empleados del Consejo de la Magistratura porteño van de $30.000 a $200.000. Pero también se reducirán la cantidad de asesores de los consejeros, que antes tenían hasta un máximo de “seis unidades A1”, equivalentes a $150.000, para distribuir entre la cantidad de empleados que necesitaran; mientras que ahora deberán arreglarse con cuatro unidades A1, equivalentes a $100.000 mensuales.

De hecho, se dejó en forma explícita que una vez que los consejeros finalicen sus mandatos, cesan en sus funciones todos sus empleados, no pudiendo pasar a formar parte de la planta permanente. “La planta de asesores políticos se va con su jefe político”, afirmó Basterra.

Aunque las medidas fueron tomadas por el Consejo, en fuentes judiciales se sabe que tienen el visto bueno político del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, del operador judicial del PRO Daniel Angelici y del referente peronista, Juan Manuel Olmos.

Esa influencia política había convertido al Consejo en un “refugio” de políticos como el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra y el ex diputado radical Ricardo Alfonsín, entre otros.

El Plan de Readecuación no sólo dio de baja al “Departamento de Implementación de Lenguaje Claro”, que era una de las nuevas estructuras que se habían creado en el organismo; sino que además contempla otros ítems para “optimizar los recursos existentes”, que serán de aplicación inmediata. Uno de ellos la restricción de las becas internacionales y los viajes “de capacitación”, con sus correspondientes viáticos, para consejeros, asesores y jueces de la ciudad de Buenos Aires.

A partir de ahora sólo se podrán realizar viajes en forma excepcional, para quienes vayan a exponer como panelistas o en representación institucional del Consejo, en cuyo caso sólo podrá viajar una persona, con la autorización del Comité Ejecutivo del Consejo.

Además, también se aplica en forma inmediata una reducción a la mitad la “cantidad de unidades de referencia” que contemplan las “cajas chicas” de los integrantes del Consejo y de los jueces, que tenían un valor en torno a los $30.000 y $17.000, respectivamente.

Todas esas medidas se aprobaron por unanimidad del Consejo de la Magistratura porteño, en una reunión plenaria, que se hizo en su sede de Bolivar al 177. Y contó con la participación de todos sus integrantes: la presidenta Basterra, el vicepresidente Alejandro Fernández, la secretaria Lidia Ester Lago y los consejeros Vanesa Ferrazzuolo, Juan Pablo Godoy Vélez, Darío Reynoso, Javier Roncero, Marcelo Vázquez y Silvia Bianco.

El plenario de consejeros se reunió en plena feria judicial y trató sobre cuatro temas. El primero fue la aceptación de la renuncia del administrador general del Poder Judicial porteño, Alejandro Rabinovich, quien agradeció especialmente su tarea al peronista Juan Manuel Olmos, ex presidente del Consejo de la Magistratura.

El segundo ítem fue la propuesta de designación de Luis Montenegro, como su reemplazante, quien ya trabaja en el Consejo como auditor del Poder Judicial. El tercer tema fue la aprobación del Plan de Readecuación. Y el cuarto fue un informe de la Comisión de Transferencia, sobre el traspaso de delitos penales que atendía la Justicia Federal, a los juzgados de la ciudad de Buenos Aires.

Ese traspaso de competencias a la Justicia porteña sirvió de excusa para derogar todas las estructuras creadas por la polémica Resolución 1171/17, ya que el Plan de Readecuación prevé el dictado de una nueva estructura orgánica funcional acorde a las competencias penales transferidas a la ciudad de Buenos Aires. Inclusive, algunos consejeros comentaron que unos 40 empleados del Consejo podrían ser transferidos a la fiscalía general porteña, que ahora necesita más personal para atender las nuevas tareas que se le transfirieron.

Al finalizar la sesión, la titular del organismo dialogó con Clarín y explicó que “se tomaron estas medidas por un reclamo de la sociedad, para tener mayor transparencia, eficacia y austeridad”, aseguró Basterra.

El plan original del Consejo era aprobar en febrero todas las reformas del Plan de Readecuación. Pero esa decisión se adelantó, tras la polémica que se generó con la publicación de una investigación exclusiva de Clarín sobre la situación en el organismo que administra la Justicia local.

Es que la última semana Clarín dio cuenta de la polémica que se armó en torno a la creación de nuevas estructuras y la reasignación de funciones dentro del organismo -que ahora se dio de baja-, así como los más de 60 viajes por el mundo, con viáticos en dólares, que superaron holgadamente los $20 millones, sólo entre enero y agosto de 2017.

Esa “fiesta de turismo judicial”, según calificaban sus críticos, tenía como principales destinos a Italia, España, Israel y los Estados Unidos; e incluía travesías en grandes grupos de consejeros, jueces, abogados y asesores. Todo ese dinero salía del presupuesto, que este año será de $4.218 millones, según aprobó la Legislatura porteña.

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