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La Oficina Anticorrupción abre el debate sobre la Ley de Ética Pública

A través de una consulta pública online y una Mesa de Trabajo comienzan el debate de los principales ejes de una reforma a la Ley

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso

La propuesta es un cambio integral a la normativa vigente, adaptándola a las nuevas necesidades, herramientas y tecnologías disponibles.

De esta forma, se abre la discusión con la ciudadanía en general, por medio de dos plataformas online: Justicia 2020 (https://www.justicia2020.gob.ar/) y Consulta Pública  (https://consultapublica.argentina.gob.ar/), a fin de recibir aportes, observaciones y comentarios. El material también está disponible en la web de la OA (https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion).

Asimismo, el 21 de febrero se desarrollará en la Casa Rosada una Mesa de Trabajo que contará con la presencia de prestigiosos especialistas en la materia provenientes de organizaciones de la sociedad civil, del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, de la Sindicatura General de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Agencia de Acceso a la Información Pública y del ámbito académico, entre otros.

Principales cambios propuestos por la OA:

Conflictos de intereses

  • Se establecen estándares más estrictos y obligaciones adicionales para los funcionarios de mayor jerarquía, regulándose –particularmente-la tenencia accionaria en empresas sujetas a su control y regulación.
  • Los diputados y senadores deberán comunicar ante la Cámara sus intereses particulares que tengan vinculación con las cuestiones que deban ser tratadas en el recinto.

Autoridad de aplicación

  • Se prevé la creación de una autoridad de aplicación para cada poder del Estado y el Ministerio Público fiscal. Actualmente sólo tiene el Poder Ejecutivo (la OA).
  • Se establece que la conducción de las autoridades de aplicación estará a cargo de un funcionario designado mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantice su idoneidad.
  • La OA tendrá autonomía funcional y será autárquica en su presupuesto. Su titular será elegido a través de un mecanismo público y tendrá un mandato que durará 5 años.

Declaraciones Juradas

  • Los funcionarios de mayor jerarquía deberán presentar información adicional que permita una adecuado control de sus vínculos personales y profesionales (nombre de padres, hijos mayores y hermanos, socios comerciales y profesionales -actuales y de los últimos tres años-, cotitulares de sus bienes, etc.).

  • Al funcionario que incumpla con la presentación de su DDJJ inicial o anual se le retendrá el 20% de sus haberes. Quien adeude una presentación al momento de cesar el cargo no podrá volver a la función pública durante 5 años.

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