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Vidal anunció una profunda reforma judicial con eje en las víctimas

Entre los cambios, habrá una escuela judicial obligatoria, traslados de jueces y nueva selección de magistrados. Tensión con la justicia

“Así como no queremos más Patas Medina, narcomafiosos o malditas policías, tampoco queremos una justicia que no dé respuestas”. Con esta elocuente comparación, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anticipó la presentación de una “reforma judicial integral para transparentar y despolitizar los procesos”, que realizará este martes por la mañana.

“El objetivo es que los tribunales den una respuesta justa y profesional en cualquier lugar de la provincia. Y que la gente tenga herramientas para evaluar lo que hacen los jueces y fiscales de su zona”, sintetizó Vidal. Su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, había dicho lo mismo a Clarín: “la justicia es un servicio. Y hay que hacer cambios para que ese servicio sea eficiente”.

Tal como anticipó este diario, el primer tramo de la reforma implica cambios en el código de procedimiento penal -que por ejemplo permitirán la participación de las víctimas de un delito en determinados tramos del juicio-, y en las leyes de selección y remoción de magistrados, con una escuela judicial obligatoria previa a un examen que será filmado y con cuyos resultados se confeccionará un orden de mérito, y el funcionamiento de “bolsas” de jueces de los distintos fueros que puedan ser enviados adonde más se los necesita.

En Buenos Aires hay 180 juzgados vacantes, el 13,84% del total. Para cubrir esos puestos, la Magistratura ya adoptó alguno de los cambios propuestos por Vidal, como la filmación de los exámenes. El objetivo es que, cuando toda la reforma esté vigente -con viento a favor, no antes de 2020-, se tomen dos exámenes por año para alimentar el stock de candidatos a nombrar según las necesidades.

El arma nuclear para derretir las resistencias a la reforma -desparramadas en el sectores intermedios de la justicia provincial y algunos municipios- es el “mapa judicial”, una recopilación estadística de las causas, el personal, los tiempos y los resultados de la gestión en cada uno de los juzgados de la provincia. Esa fotografía -cuyo potencial ejemplificador se asemeja a la que en las próximas horas ofrecerían las auditorías sobre los juzgados federales porteños- fue el punto de partida para evaluar cuáles eran las urgencias y dónde había que meter los primeros cambios.

“Venimos trabajando mucho con la Corte, con el Consejo de la Magistratura, los fiscales, colegios de abogados y la oposición política.Ellos también saben que deben cambiar”, suaviza Vidal, en otro sutil contraste con las desconfianzas y zancadillas a repetición que en el plano nacional se prodigan el Gobierno, la Corte, la Magistratura y Comodoro Py.

“Uno de los reclamos más fuertes de los bonaerenses es mejorar la seguridad pública. Y no hay política de seguridad posible sin medidas sociales, una reforma penitenciaria y sin una reforma judicial”, insiste la gobernadora, que sin embargo admitió que los problemas no están sólo en el poder judicial: “también hay responsabilidad en el Ejecutivo y en la Legislatura, porque los jueces necesitan buenas leyes para aplicar”.

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