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Protesta social: El Gobierno evalúa usar fondos del FMI

Son unos $13.500 millones. La Casa Rosada descuenta que el próximo índice de pobreza del INDEC subirá

La nueva suba del dólar volvió a encender las alarmas del Gobierno por la situación -y la conflictividad- social, luego de la convocatoria de la CGT a un paro general, los desafíos crecientes de Hugo Moyano y los reclamos de las organizaciones potenciados por la inflación en aumento. Desde el ministerio conducido por Carolina Stanley retomaron los contactos antes de recrear la mesa de diálogo con participación de la Iglesia, con la promesa de mantener la asistencia aunque sin ceder a las exigencias.

“De la ayuda social no recortamos un peso y hay que ver cómo sigue el tema precios. Vamos a actualizar todos los programas de alto impacto de acuerdo a la inflación”, aseguraron funcionarios de Nación y provincia de Buenos Aires con la tarea de contener la situación especialmente en estos meses. Si hace unas semanas en la Casa Rosada advertían que la calle podía ponerse más difícil después del Mundial, en estos días admitieron que si no pasan las turbulencias económicas tampoco será fácil el transcurso del campeonato.

El acuerdo con el FMI, entre los compromisos de ajuste del gasto, la obra pública y los subsidios, incluye fondos para intentar calmar la conflictividad. Se trata de una “salvaguarda” para un gasto adicional “en la protección de los más vulnerables” si empeoran las condiciones sociales de hasta $ 13.500 millones en 2018 y un 0,2% del PBI en los años siguientes, según la carta de intención. El próximo índice del INDEC dará un aumento de la pobreza, descontaron en la Casa Rosada.

“Ese adicional tiene que ver con la AUH y la jubilaciones mínimas, para cubrir de forma rápida a la mayor cantidad posible. Por ahora vemos la situación delicada de siempre, que está contenida. Lo que nos preocupa es el impacto de la inflación. Evaluamos algún refuerzo para este segundo semestre”, marcaron en el Gobierno. A la actualización de la Asignación por Hijo –con más de cuatro millones de beneficiarios- podría sumarse un bono a mitad de año y los programas sociales –unos 260 mil Hacemos Futuro, que con otros suman casi 400.000- se ajustarán en base al salario mínimo, aunque será parte de una negociación.

Las organizaciones pedirán un 35% aumento de la AUH (desde junio $1.577) y del salario social complementario, actualmente en $4.750 y en $5.000 a partir de julio. También un plan de emergencia con 250 mil puestos de trabajo orientados a obras en barrios populares, la “sanción inmediata” de la ley de expropiación de terrenos e integración urbana y el tratamiento de la ley de Emergencia Alimentaria, la de Adicciones y la de Agricultura Familiar. “La quieren toda para los banqueros y los especuladores. Estamos preparando un plan de lucha contundente si fracasan las negociaciones. No vamos a volver al 2000”, aseguró Juan Grabois, de CTEP.

Como contó Clarín, Stanley con el coordinador Mario Quintana recreará la mesa de diálogo con las organizaciones, con participación de referentes de la Iglesia. La convocatoria será en los próximos días para fin de mes, y ya arrancaron los contactos para intentar acercamientos en la previa. “Hay que ir bajando a la realidad los pedidos”, dijo un funcionario. En un esquema similar a la negociación con la CGT, el Gobierno propondrá alternativas a cada punto.

“La Emergencia Alimentaria ya está declarada y quedó contemplada dentro de la Emergencia Social”, descartaron en el Gobierno que avance ese reclamo, aunque aseguraron que habrá refuerzos a las partidas para los comedores y merenderos en los barrios más vulnerables. Con la ley de Adicciones abrirán la discusión y propondrán convenios de capacitación para profesionales del área. Los cupos de trabajo en obras para integrantes de las cooperativas forman parte de la ley de expropiación de terrenos. Ese proyecto tuvo el aval de las organizaciones, aunque cuestionaron la demora y el escenario de ajuste puso en duda el financiamiento. “Vamos a empezar con las tierras nacionales y provinciales”, sostuvieron en Desarrollo Social.

La Iglesia tendrá su protagonismo en las conversaciones, con Oscar Ojea –titular del Episcopado-, Jorge Lugones –Pastoral Social- y otros actores avalados por el Papa Francisco y con vínculos con los movimientos. Los obispos organizarán en Mar del Plata entre el 22 y el 24 de este mes la Semana Social, con funcionarios, empresarios, sindicalistas y referentes de las organizaciones. Podría ser un ámbito propicio para las conversaciones, en la previa al paro de la CGT y la mesa de diálogo que prevé convocar Stanley.

Algunos sectores del Gobierno consideraron inoportuna la despenalización del aborto aprobada en Diputados en ese punto. María Eugenia Vidal, Stanley y Federico Salvai –jefe de Gabinete bonaerense- se habían reunido con el Papa en Roma hace diez días. “El veto a la ley de tarifas, las exigencias del FMI y la destrucción del empleo y las changas ponen en riesgo la paz social”, advirtió Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. Como publicó Clarín el sábado, el Gobierno apurará el redespliegue de fuerzas de Seguridad desde la frontera a zonas calientes ante el riesgo de mayor conflictividad en los próximos meses.

 

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