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El Gobierno oficializó el nuevo rol de las Fuerzas Armadas

Se publicó en el Boletín Oficial la nueva Directiva Política de la Defensa nacional. Los sitios a los que se evalúa enviar a las FFAA

Una semana atrás, en Campo de Mayo, Mauricio Macri concretó lo que durante meses fueron especulaciones y proyecciones. Con la promulgación del decreto 683, el presidente dio el primer paso de la reforma del sistema de la Defensa que el Gobierno busca implementar, y este martes dio el segundo con la publicación en el Boletín Oficial de la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), en la que se establecen las prioridades del Gobierno para las fuerzas armadas.

El mapa de los objetivos militares que el Gobierno analiza pasar a la jurisdicción de las Fuerzas Armadas.

Para Macri y su ministro Oscar Aguad, con el decreto 683, que sustituyó a otro de Néstor Kirchner (el 727), es el momento de “modernizar a las Fuerzas Armadas” que “colaborarán” en tareas habituales del Ministerio de Seguridad brindando apoyo logístico en las zonas de frontera. En tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sentenció que había que darles “la oportunidad a los militares de insertarse en la democracia”.

Clarín obtuvo en exclusiva el listado de llamados “objetivos estratégicos” destacados por el Gobierno como puntos que podrían ser custodiados por las fuerzas armadas en algún tipo de tarea única o en cooperación con las fuerzas de seguridad, las que actualmente realizan su vigilancia.

Hasta ahora, en medio de la polémica, sólo hubo especulaciones de cuáles son esos puntos estratégicos. Sin embargo, según afirmó una alta fuente oficial, el primer paso de esta experiencia, en la que actuarán las fuerzas armadas será la custodia de 22 radares que están bajo el sistema Invap, y que se distribuyen por todo el territorio nacional, desde Misiones a Ushuaia. El resto de los sitios seguirán custodiados por las fuerzas de seguridad, y bajo estudio, de la ministra Patricia Bullrich con su colega de Defensa, Oscar Aguad.

Por orden alfabético, los “objetivos estratégicos” cuya vigilancia está hoy en estudio por el Gobierno son: Alicurá (hidroeléctrica), las centrales nucleares Atucha y Atucha II; la central termoeléctrica de la costa; El Chocón (hidroeléctrica), Embalse (central nuclear); la termoeléctrica de Luján de Cuyo; las hidroeléctricas Pichi PL, Piedra del Águila, Planicie Banderita, Río Turbio, Salto Grande (que tiene custodia argentina y uruguaya), más la binacional Yacyretá.

La totalidad de estos centros están hoy custodiados por distintas fuerzas de seguridad, como Gendarmería y prefectura, y en algunos casos también tienen seguridad privada. La Custodia a cargo de las FF.AA. y Gendarmería ya figuraba en la vieja ley de Defensa de 1988 (articulo 31 ley 23.554) y ahora fue restituida por el artículo 24 bis del decreto 683.

Desde el kirchnerismo vienen afirmando que parte del cambio de la Defensa servirá para la represión interna, por ejemplo del conflicto mapuche, o del narco en las calles del Conurbano bonaerense. Afirman que se reviven los años más oscuros de la última dictadura. Sin embargo, la letra del decreto aprobado dista mucho de ese objetivo. Por empezar, el artículo uno del decreto 683 que sustituye el artículo uno del viejo decreto 727/06 del gobierno de Néstor Kirchner afirma que las Fuerzas Armadas serán “empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina, la vida y la libertad de sus habitantes o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. Los mapuches son argentinos. No podrían reprimirlos. Y para empezar, el mismo decreto 727 ya utilizaba a las fuerzas armadas en el “escudo” norte argentino, contrariando su propia prohibición.

Entre tanto, tal como ya ha publicado este diario, los radares, que sirven para todo tipo de controles -tanto del tránsito normal como de las actividades ilícitas, como el narcotráfico- serán el primer objetivo de custodia combinada, por ejército en tierra y la fuerza aérea en lo logístico, como siempre.

Según confirmó Clarín, habrá un primer envío de 500 efectivos de Ejército a Formosa, pero el despliegue de unos 3000 a 4000 efectivos tendrá como destino el norte argentino, incluyendo Salta y Misiones. La atención estará puesta en los pasos limítrofes ilegales, con dotación de personal que se incorpore gradualmente y rotación periódica.

 

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