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Ley “Micaela García”: Habrá capacitación en el Estado

Fue en la Cámara de Diputados por 171 votos a favor y uno en contra. Se sumó a las extraordinarias tras el aluvión de denuncias de abuso

Micaela García tenía 21 años, estudiaba Educación Física, militaba en el Movimiento Evita y vivía con su familia en Gualeguay. El 1 de abril de 2017 fue a bailar. Volvía a su casa pero dos hombres la subieron de prepo a un auto. La violaron, la degollaron, la tiraron junto a una ruta, entre los pastizales. Uno de sus asesinos debió haber estado en prisión por la violación previa de dos chicas. Pero un juez le había otorgado la libertad condicional y así consumó un nuevo crimen. Ahora, una ley llevará el nombre de Micaela.

La Cámara de Diputados aprobó la capacitación de género obligatoria para los tres poderes del Estado.

Casos como estos son los que se busca que no ocurran más. La ley que este miércoles recibiría sanción en el Senado tras su tratamiento del martes en Diputados es la que obliga a los y las trabajadoras de los tres poderes del Estado a capacitarse con perspectiva de género. El proyecto tiene más de un año. No se había llegado a tratar. Ahora, ante la presión de los movimientos de mujeres y gran parte de la sociedad, se extendieron las sesiones extraordinarias para que sea tratado.

El proyecto había sido excluido de los temas a tratar en extraordinarias en la última sesión del año, pero la presión fue tan fuerte que el Presidente se vio obligado a firmar un decreto para que se trate tras el dictamen de consenso de la Comisión de Familia.

El proyecto plantea la “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. La capacitación será establecida por cada organismo y nombra al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) como la autoridad de aplicación, y que se encargará de certificar la calidad de las capacitaciones.

El proyecto plantea que las personas que se nieguen a realizar las capacitaciones serán intimadas: “El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres”.

Entre los fundamentos del proyecto se lee que tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado… a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). Esta convención establece que los Estados fomentarán “la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”. También citan la Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: “Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la convención”.

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