¿Por qué? ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué no quiere que se sepa? ¿Cuántos son los gastos de libre arbitrio y cómo se invierte el dinero del pueblo? Por algo, sin duda, mantiene el secretismo a cal y canto. Lo que sí se sabe es que el sostenimiento de la Legislatura Provincial es, entre sus pares, la más cara de todo el país, incluido el Congreso de la Nación con sus dos Cámaras. En una República todo funcionario, desde el más modesto hasta el más encumbrado, por razones éticas, está obligado a rendir cuentas públicamente y a manejar con transparencia los fondos del erario. No hay ley alguna que exima a Jaldo de este imperativo.
El introito viene a cuento porque el abogado Luis Iriarte, profesor de la cátedra de Derecho Constitucional de la UNT, ante el fracaso de sus pedidos directos a la Legislatura, ha recurrido ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia para saber cuál es el costo de funcionamiento de la Legislatura aldeana. En un recurso de amparo dirigido a la presidente, Claudia Sdbar, solicita que el Máximo Tribunal, mediante una acordada, ordene a Jaldo revelar quiénes y cuántos son los empleados del Poder Legislativo, y publicar su nómina en la web del Parlamento actualizada hasta junio último con carácter defiinitivo. Asimismo, requiere la lista completa de los empleados permanentes y transitorios de cada bloque legislativo y de cada legislador dando cuenta de su DNI, y haberes percibidos desde 2015. El pedido del constitucionalista pondrá, sin duda, en una situación incómoda a la Corte.
El abogado a mediados de enero de este año hizo, ante la Legislatura, una presentación similar con vanos resultados. Hacia fines de ese mes, Iriarte recibió una caja con documentación sobre ingresos y egresos del Poder Legislativo, sin nombres de los agentes. Como no era lo que pedía, insistió por carta documento. Jaldo volvió a contestar con evasivas y chicanas y se negó a revelar lo que se le solicitaba. En la Asamblea Reformadora de la Carta Magna, que la presidió Juan Manzur, en 2006, se implantó un artículo mediante el cual se impide al Poder Ejecutivo vetar el presupuesto de la Legislatura. Está en plena vigencia. Por cuerda aparte, el constitucionalista reclamó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se exija a Tucumán el dictado de una ley de acceso a la información pública.