Amplían la acusación por abuso sexual contra José Alperovich y reiteran el pedido de indagatoria

«#NoNosCallamo​sMás: Durante un año y medio, mi tío José Alperovich violentó mi integridad física, psicológica y sexual». Hace dos años la sobrina del ex gobernador de Tucumán hacía pública esta carta luego de denunciarlo penalmente por abuso sexual. Desde entonces el ex senador estuvo de licencia en el Congreso, y días atrás se quedó sin fueros. Ahora la Justicia amplió la acusación y reiteró el pedido de indagatoria.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, ampliaron la acusación contra Alperovich en la causa por abuso sexual. Y reiteraron el pedido de declaración indagatoria que plantearon en diciembre de 2020.

Tras la denuncia hecha en 2019 por la sobrina que además trabajaba con él -lo acompañó en la campaña para gobernador, en la que perdió contra Juan Manzur- la causa tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la justicia tucumana.

Tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en mayo de este año el expediente pasó todo a la Ciudad, de acuerdo a lo que había planteado en su dictamen el Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal.

La nueva acusación
Vismara y Labozzetta recordaron en su escrito la decisión de la Corte: que todo debe tramitarse junto. Y también recordaron que ya solicitaron la indagatoria por dos episodios de abuso sexual ocurridos en diciembre de 2017.

En base a los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación y pidieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos ocurridos en 2018 en Tucumán.

Los fiscales consideraron que todo lo que contó la denunciante fue avalado por los informes y los peritajes psicológicos realizados en la causa, así como también por la Junta Médica y las declaraciones que dieron distintas profesionales que tuvieron contacto con la joven. Así lo sostiene un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de Tucumán y un informe de peritos de la Corte de Caba sobre detalles que se corresponden con situaciones de abuso sexual, además del estrés postraumático de la víctima.

Resaltaron, además, que varias personas declararon sobre el contexto en el que sucedieron los hechos y la forma en la que el imputado se manejaba con la víctima inclusive en el ámbito público.

“En su gran mayoría, los casos de abuso sexual se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido. Por eso, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo que ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”, marcaron Vismara y Labozzetta.

“Está claro que las constancias obrantes en la causa, particularmente el informe pericial psicológico, las constancias médicas, las declaraciones testimoniales mencionadas, y las constancias de las comunicaciones mantenidas entre víctima y victimario, proporcionan fuerza probatoria a los dichos de la damnificada”, consideraron y aseguraron que los elementos que corroboran el relato de la joven, “son diversos y sólidos”.

En su dictamen, analizaron un planteo de la defensa donde, en base a un informe realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), se había manifestado que los hechos no ocurrieron debido a que la localización del celular no coincidiría con lo relatado por la denunciante.

Los fiscales analizaron situación por situación y remarcaron que el geoposicionamiento a través del tráfico de antenas depende de varios factores, y que incluso no se puede aseverar de forma absoluta que el usuario del teléfono se encuentre exactamente en la zona de cobertura donde lo tomó la antena.

La defensa de Alperovich, a cargo del abogado Mariano Cúneo Libarona, siempre negó todos los hechos, se opuso a los informes y peritos y sostuvo que si hay indicadores de violencia fueron producto de una relación anterior de la sobrina.

Los fiscales recordaron que, en este tipo de casos, debe aplicarse la amplitud probatoria y que se deben considerar “las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que estos sean indicios graves, precisos y concordantes”, de acuerdo a la ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Para Vismara y Labozzetta, el caso se enmarca en «un acto de violencia contra una mujer», por lo que debe ser analizado en el contexto de los compromisos asumidos por el Estado Nacional.

“En los hechos que constituyen el objeto procesal de las presentes actuaciones se identifican distintos tipos de violencia contra una mujer, tales como la violencia sexual, psicológica y simbólica, ejecutadas bajo la modalidad de violencia laboral y profundizada por el lazo familiar que atravesaba esa relación”, explicaron.

Explicaron que la relación de asimetría en este caso estaba marcada por el lazo laboral que unía a víctima y victimario, además de la posición de poder que ostentaba Alperovich, a nivel provincial y nacional. Hicieron foco en los factores adicionales como la relación familiar; la diferencia de edad (35 años); y la situación de dependencia laboral de la joven.

Dentro del relato de la denunciante, Vismara y Labozzetta destacaron “el contexto de permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”. Puntualizaron sobre distintos maltratos y descalificaciones que comenzó a sufrir la joven desde marzo de 2019.

Como ya habían hecho en su dictamen del año pasado, los fiscales hablaron de la publicación “Herramientas para el abordaje de la violencia de género desde los espacios institucionales” de la Dirección General de Políticas de Género y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Lo usaron para analizar el contexto laboral e intrafamiliar en el que se desarrollaron los hechos y las consecuencias de la violencia sexual, simbólica, emocional y física que sufrió la sobrina.