La UOCRA repudió la denuncia de persecuciones sindicales que realizó la AFI contra Marcelo Villegas y el gobierno de Vidal

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó este lunes ante la Justicia federal de La Plata la denuncia penal junto con material audiovisual contra funcionarios del ex gobierno bonaerense de Cambiemos de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción por impulsar una investigación en para promover el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.

Se trató de una reunión que tuvo lugar en una de las oficinas del Banco Provincia el 15 de junio del 2017, que fue encabezada por el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en la que participaron el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de PBA; Juan Pablo Allan, senador provincial y el intendente de La Plata, Julio Garro.

Ante la denuncia realizada por la AFI, la UOCRA emitió el siguiente comunicado:

Nuestra organización sindical repudia las persecuciones denunciadas por la AFI, delitos ejercidos desde el Estado, que dañan las garantías del sistema democrático

LOS PODERES DEL ESTADO TIENEN LA FUNCIÓN DE ASEGURAR LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y DE GARANTIZAR LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LOS CIUDADANOS, NO LA IMPUNIDAD DE VIOLARLOS.

Ante las persecuciones a dirigentes y organizaciones sindicales realizadas por las más altas autoridades nacionales y provinciales del gobierno anterior, debidamente constatadas y denunciadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la UOCRA expresa su total repudio a todo tipo de prácticas de persecución, sean de la naturaleza que sean, ya que dañan severamente el espíritu y las garantías del sistema democrático vigente, que todos los argentinos tenemos la responsabilidad de preservar.

Los poderes del Estado, en el marco del sistema democrático, tienen la función inalienable e indelegable de asegurar la plena vigencia del estado de derecho y de garantizar los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, no la impunidad de violarlos en función de intereses políticos o de cualquier otra naturaleza.

Transparentar y denunciar este tipo de delitos de Estado, oportunamente realizados desde las más altas esferas de un gobierno que debió garantizar los derechos ciudadanos, no vulnerarlos, es una contribución a fortalecer la plena vigencia de las instituciones y los valores democráticos en nuestro país.