Por Walter Schmidt (*)
Durante mucho tiempo, y quizás en algún momento el debate vuelva a instalarse, los argentinos y sus dirigentes políticos discutieron qué tipo de Estado era el mejor para todos.
Largas e intensas discusiones entre peronistas y radicales, la izquierda y la centroderecha, a favor de un Estado omnipresente como el nacional-popular o uno mínimo, básico, como el neoliberal; uno desarrollista en el que el Estado interviene, no estatiza y hace foco en el crecimiento económico, o el burocrático-autoritario sobre el que se recostaron las dictaduras militares en la región.
Seguramente, ninguno de los modelos en pugna tenía en cuenta qué ocurriría si la mayoría de los integrantes de ese Estado eran incapaces o poco capacitados para emprender cualquier objetivo que se les planteara.
Cotidianamente el ciudadano reclama la presencia del Estado. «El Estado está ausente», suele decirse: ante un hecho de inseguridad por parte de los familiares de las víctimas, cuando son avasallados los derechos de las minorías, ante un nuevo y mortal accidente vial por imprudencia o negligencia, frente al avance del terrorismo o del narcotráfico, ante la muerte de jóvenes por consumo de paco u otras drogas fulminantes, frente al estado de clínicas y hospitales. También cuando la educación retrocede no sólo en materia salarial docente sino en la formación de maestros, infraestructura y planes ambiciosos para nuestros niños; en una tragedia como la de Cromañón u Once; cuando muchos mueren por desnutrición —no de hambre— porque tal vez nadie les enseñó cómo alimentarse, etcétera. En todos esos casos, la sociedad refiere «un Estado ausente».
Pero, ¿cómo debería estar presente un Estado si ese es el modelo elegido por todos? Con políticas públicas, políticas de Estado y grandes consensos para fijar una evolución en la calidad de vida de la sociedad, de aquí a 20 y 30 años.
Recuerdo en el 2004, en oportunidad de un viaje de trabajo a Corea del Sur, haber presenciado un fuerte debate acerca de cómo conseguir que la educación de ese país se ubicara en el quinto puesto del ranking mundial, en el 2025. Sí, 21 años antes estaban planificando cómo trabajar para una mejor educación dos décadas después.
Ahora bien, ¿es posible llevar adelante ese ambicioso plan con la calidad de los dirigentes políticos, legisladores, dirigentes gremiales, docentes, jueces, médicos, empleados públicos que tenemos? No.
«Nuestro país es anómalo en el mundo. La carrera pública está congelada hace décadas, los concursos de ingreso casi inexistentes, o fraguados, y las pocas carreras públicas que quedan están en jaque permanente de politización. No se conoce un país que, construyendo cuerpos profesionalizados —administradores gubernamentales, economistas de gobierno, etcétera—, los haya discontinuado», sostiene Gerardo Sanchis Muñiz, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Austral.
Bastaría precisar que no sólo se trata de la carrera pública. Alcanza con tomar contacto con muchos legisladores nacionales para concluir que ninguno de ellos podría ocupar una banca si se le exigiera un mínimo básico de capacidad intelectual. Pero esa es otra discusión.
El profesor Sanchis Muñoz cita un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) según el cual calcula: «Un 90% de los cargos de director (nivel más alto de la carrera estable en el Estado) es irregular, es decir, por nombramiento discrecional. No hay país en el mundo que se acerque a este porcentaje de usurpación de cargos permanentes por parte de la política». Traducido: el núcleo del Estado compuesto por los directores, responsables de hacer que el Estado camine o corra en una dirección, son designados políticamente, no gente profesionalizada en la carrera pública.
¿Y de qué sirve que sean profesionalizados? De que además de conocer al detalle cómo funciona la burocracia del Estado y qué se puede hacer y qué no, qué es legal y qué no, qué políticas y programas hay en marcha como para no superponer funciones ni presupuestos, son los que garantizarían la continuidad de, por ejemplo, una política de Estado en materia de educación o de recuperación diplomática de las islas Malvinas, pasando por la educación y la salud que queremos de aquí a 20 años.
Si alguien tuviera la posibilidad de ver la nómina de empleados estatales, notaría muchos apellidos «ilustres» de ex ministros, dirigentes políticos, empresarios, diputados, gobernadores, senadores. Todos familiares puestos a dedo que tal vez sean el ejemplo más claro. Muchos otros, está claro, seguramente no llevan el apellido de ningún «prócer» argentino, pero también gozan de la designación «dedocrática».
Con este mapa y sin un plan para relanzar el Estado con el objetivo de convertirlo en un cuerpo profesionalizado, con empleados capaces, que colaboren con los gobiernos y los ministros de turno, difícilmente podamos contar alguna vez con una gestión presidencial eficaz, sea cual fuere el tinte político o ideológico del jefe del Estado, incluso su sagacidad.
Del personalismo, del mesianismo o de los iluminados sólo se sale con eficiencia del Estado. Como en las películas, donde los personajes se jactan de trabajar «para el Gobierno», como si fuera un título nobiliario y no se esconden, como en la Argentina, porque interpretan que trabajar en el Estado es una oportunidad de ganar mucha plata en poco tiempo y «no trabajar nunca más».
(*) El autor es Periodista, editor de Política de la Agencia Diarios y Noticias (DyN). Conduce el programa “Fuera de control” por Canal Metro y “¿Que tal estuve?” por Radio Palermo (FM 94.7). Co-autor del libro «Scioli secreto» (Sudamericana).
