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Pacto con Irán: Pollicita pidió la indagatoria de Cristina Kirchner

Se lo solicitó al juez Claudio Bonadio. Además pidió que le prohíban salir del país. La lista de exfuncionarios Kirchneristas citados

Con nuevas pruebas, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió esta mañana al juez federal Claudio Bonadio la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, del ex canciller Héctor Timerman y de la ex procuradora general del Tesoro Angelina María Esther Abbona en la causa abierta por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman por encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA. El pedido incluye al piquetero ultra K Luis Ángel D’elía, al ex líder de Quebracho Fernando Esteche, al ex espía inorgánico Ramón Allan Bogado, al ex fiscal Héctor Luis Yrimia y al referente iraní Jorge Alejandro Khalil. La solicitud del fiscal incluye la prohibición de salir del país de los acusados y la inhibición de sus bienes, tal como Clarín adelantó en exclusiva.

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En el dictamen, al que accedió Clarín, Pollicta también solicitó que declaren como sospechosos el ex número dos de la AFI Juan Martín Mena, el diputado de La Cámpora Andrés Larroque, el ex secretario privado de Timerman Luciano Tanto Clement. Otros de los diplomáticos con pedido de indagatoria son Holger Martinsen, Susana Ruiz Cerutti, y Eduardo Zuain. Ruiz Cerutti –una prestigiosa experta en derecho internacional- fue la consejera legal y Zuain el vicecanciller de Timerman.

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El fiscal solicitó indagarlos por encubrimiento agravado por tratarse de un atentado que la Justicia ya consideró como un delito de lesa humanidad y que por lo tanto no prescribe con el paso del tiempo. Ahora, Bonadio se tomará entre dos o tres semanas para decidir. Pollicita así dice que probó y avanzó sobre la denuncia que hizo Nisman antes de su muerte violenta y misteriosa de enero del 2015.

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En el dictamen, a partir de los dichos del ex embajador en Siria Roberto Ahuad el fiscal dio por probado que en enero del 2011 Timerman mantuvo una reunión secreta con los iraníes y que el objetivo del pacto con Irán fue, en realidad, dar de baja las alertas iraníes que pesan sobre 5 iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA de 1994. Los autores materiales fueron miembros de la Jihad islámica del Hezbollah del Líbano.

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En el dictamen, Pollicita dice que el pacto “claramente respondía a los intereses de las autoridades iraníes resultaba funcional al plan criminal mediante dos pilares fundamentales. Primeramente, se encargaría de brindar el instrumento adecuado para que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados sean removidas, suspendidas o morigeradas, ello toda vez que mediante el “entendimiento” entre ambos países, las circulares rojas emitidas por INTERPOL en orden a cinco de los ochos acusados iraníes por el atentado ya no tendrían razón de ser”. Es que las alertas rojas fueron flexibilizadas con una advertencia que se les agregó, diciendo que había una negociación diplomática en marcha.

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En segundo término, el acuerdo disponía la creación de la denominada “Comisión de la Verdad”, la cual estaba “llamada a cumplir un rol central con miras a exculpar a los imputados de nacionalidad iraní, introduciendo para ello una hipótesis distinta a la sustentada por la justicia argentina con la finalidad de redireccionarla y para lo cual fue facultada a emitir recomendaciones que significarían una afectación a la investigación llevada a cabo por el Poder Judicial y, en consecuencia, atentarían contra el sistema democrático y republicano de nuestro país”.

“Este proceder espurio por parte de las autoridades de ambos países escondía como finalidad un acercamiento que apuntaba a intensificar las relaciones a nivel de Estado a Estado, siendo que las implicancias de la causa AMIA y las acusaciones que la justicia argentina había formulado hacia los nacionales iraníes como autores del atentado se presentaban como un obstáculo que debía ser resuelto para que el acercamiento se torne viable”, subrayó Pollicita.

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“Producto de ello, los imputados acordaron la rúbrica del instrumento cuestionado, el cual, según quedará demostrado, lejos de procurar justicia, estaba destinado a obstruirla e impedirla, siendo en realidad el medio escogido por los gobiernos involucrados para materializar el plan de encubrimiento que buscó brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede local de la AMIA”, agregó en un pormenorizado dictamen de 240 páginas.

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