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El Gobierno revisará 1500 nombramientos de Gils Carbó

Lo harían una vez que se vote la nueva Ley del Ministerio Público. El proyecto habilita a dar de baja designaciones irregulares

Para el Gobierno, la renuncia de Alejandra Gils Carbó representa sólo el inicio de una profunda depuración que se debe hacer en el Ministerio Público Fiscal para garantizar su independencia partidaria. Por eso, acordó con la oposición que la reforma del Ministerio Público Fiscal que se debate en el Senado incluyera una cláusula que permitiera analizar las designaciones hechas por la procuradora desde que asumió en 2012. Es que en el universo de cargos políticos al que apuntan, figuran cerca de 1.500 nombramientos, de los cuales sostienen que habría más de mil realizados de forma irregular.

La cifra surge de un informe, al que tuvo acceso Clarín, que el jefe de Gabinete Marcos Peña le encomendó a las espadas judiciales del Gobierno antes de consensuar el proyecto de ley en el Congreso. A partir del análisis de los datos presentados en las distintas leyes de Presupuesto y de otros documentos oficiales ajenos a la Procuración, en el Gobierno detectaron que en los últimos cinco años, bajo la gestión de Gils Carbó, el organismo incrementó su dotación de personal “sin justificación y con un amplio objetivo político”.

Así, señalan que en el período 2012-2016, el total de empleados del MPF pasó de 4.134 a 5.635, lo que implica un aumento del 36% en la dotación de personal. Esto provocó un crecimiento exponencial en el desembolso en personal: de $1.125.835.263 en 2012 a $4.802.349.938 presupuestados este año. Un incremento de casi el 300 por ciento.

Esta variación no tuvo correlato, esgrimen, con lo que sucedió en el Poder Judicial, donde en el mismo período la cantidad de empleados creció sólo un 12%: de 23.192 a 25.993.

Pero el principal cuestionamiento que hacen en Casa Rosada gira en torno a la discrecionalidad y el destino de los empleados: advierten que “la mayoría son de funcionarios de alta jerarquía” y que no cumplen con los parámetros que fijan los concursos. “Las designaciones se contaron en su gran mayoría en estructuras dependientes directamente de la Procuración General y no en las fiscalías de primera instancia donde se llevan adelante las investigaciones penales“, reprochan cerca del ministro de Justicia Germán Garavano.

En efecto, los cargos jerárquicos, que van desde Secretario de la Procuración General a subsecretario administrativo, crecieron más: casi un 50%, de 1.312 a 1921.

Entre esos 600 funcionarios jerárquicos designados por la procuradora, hay unos 30 nuevos secretarios de la PGN cuyos sueldos brutos están equiparados a los de un secretario de la Corte Suprema: unos $119,454.55 más un plus de un 20% por título, Un dato: hasta la llegada de Gils Carbó había en ese cargo apenas 10 funcionarios, hoy son 40.

El encargado de hacer la depuración será Eduardo Casal, un funcionario con una larga trayectoria en el organismo y que desde 1992 se desempeña como procurador fiscal ante la Corte Suprema. Casal, que conoce como pocos la Procuración, liderará el período de transición que habrá entre la salida de Gils Carbó y la asunción del nuevo procurador que proponga el Gobierno y convalide el Senado.

¿Cómo hará para llevar adelante la depuración?

En el artículo 23 del proyecto presentado por el presidente provisional del Senado Federico Pinedo; su compañero en el interbloque de Cambiemos Ángel Rozas y los peronistas Miguel Pichetto y Pedro Guastavino, se incluye una cláusula que es clave ya que hace caer la mayoría de nombramientos: “Déjense sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.861, de Ingreso democrático e Igualitario a la Justicia”. Es decir, desde de su promulgación, realizada por Cristina Kirchner el 3 de junio de 2013, unos diez meses después de la asunción de Gils Carbó, referente de la agrupación Justicia Legítima.

De esta manera, los 600 funcionarios jerárquicos y otros 400 empleados que ingresaron a partir de su militancia partidariano serían ratificados.

La iniciativa oficial cuenta, a priori, con el aval de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación que lidera Julio Piumato, un férreo crítico de Gils Carbó. Cerca suyo dicen que avalarán los despidos de “los paracaidistas que hayan entrado por el techo, sin antecedentes ni capacidad” y coinciden en que “son más de mil los cargos políticos”.

Sin embargo, advierten que van “a fiscalizar para que no haya arbitrariedades” e insisten en la conformación de “una mesa de control gremial para trabajar sobre la ratificación de todos aquellos funcionarios que fueron contratados por su vasta experiencia y capacitación técnica”.

 

 

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