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Los familiares de funcionarios tendrán un mes para dejar sus cargos

Al yerno de Oscar Aguad le darán más tiempo para que renuncie a Arsat. La medida abarcará a menos de 40 casos. Ya hubo renuncias

El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, estamparon sus respectivas firmas en el decreto que prohíbe los nombramientos políticos de los familiares de los integrantes del Gabinete.

Fue el único de los tres anuncios del Jefe de Estado que no se filtró antes del anuncio y -esperan en la Casa Rosada- el golpe de efecto necesario para dar por terminada la crisis que desató la polémica alrededor del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Se publicará este miércoles en el Boletín Oficial.

Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que el decreto afecta al Presidente, al vice, a los ministros y a los secretarios con rango de ministro. No podrán ocupar cargos políticos sus respectivos familiares hasta el segundo grado de parentesco, por consanguinidad y/o por afinidad, lo que significa que –además de los padres, hijos, abuelos y nietos, tampoco los hijos adoptivos, yernos, nueras, suegros y cuñados podrán ocupar cargos. Primos y sobrinos quedan fuera de la nueva reglamentación y no deberán renunciar.

En tanto, los familiares señalados que se desempeñen en las empresas de propiedad estatal también deberán renunciar, un detalle que hasta ahora desconocían algunos de los propios implicados. El presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo -yerno del ministro de Defensa Oscar Aguad-, deberá dejar su cargo, como hizo Octavio Frigerio, director de YPF y padre del ministro del Interior Rogelio Frigerio.

Con todo, fuentes de la Rosada le dijeron a Clarín que el titular de la empresa satelital tendrá más tiempo para presentar la renuncia, por razones operativas: el yerno de Aguad podrá permanecer seis meses más en el cargo, según una cláusula especial del decreto.

Quedarán exentas, en cambio, las empresas de las que el Estado es accionista, como las que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. “Son empresas privadas y la participación del Estado es minoritaria”, explicaron en el Ejecutivo.

Otra pariente política que deberá dejar el cargo su cargo es la subsecretaria de Comunicación Social de Presidencia Ana Gazcón Aráoz, cuñada de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuyo hijo debió renunciar este martes.

En el caso de que los funcionarios involucrados precisaran “terminar tareas específicas” y/o para no dejar las empresas o direcciones en situaciones de acefalía, los parientes-funcionarios contarán con un período de gracia para presentar sus renuncias. Tendrán tiempo hasta el 1 de marzo.

Los funcionarios ad honorem también deberán renunciar. Ese es el caso de Félix Peña, el padre del jefe de Gabinete, que ocupa dos cargos bajo esa modalidad; uno en el Consejo de la Producción y otro en el Consejo Consultivo del Comercio Internacional.

Aquellos que hubiesen llegado a un cargo por concurso y hubiesen sido luego nombrados en un cargo político, podrán regresar a sus anteriores cargos.

Si bien, los cónyuges están obligados a renunciar, es difícil establecer lo mismo para las relaciones “sin papeles”. “En algún momento hay que poner el punto, pero dudo que un funcionario pretenda exponerse si su relación es pública”, reflexionaron en la Casa Rosada. La pareja de una de las hermanas de Triaca, Ernesto Martí Reta debería dejar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), igual que Carolina Azzi, pareja del ministro de Cultura Pablo Avelluto , que tiene un cargo en esa Cartera.

En la Casa Rosada destacaron que el decreto podría ser discriminatorio desde lo teórico, pero aclaran que la planta política siempre tiene su cese a disponibilidad. “Quisimos establecer una regla, como con el sistema de regalos, los conflictos de interés o el fideicomiso ciego”, señalaron.

El ministro de Modernización Andrés Ibarra mencionó que en total serían menos de 40 casos. En el Ejecutivo, en tanto, intentan no exponer a los familiares que deberán dejar los cargos (ni a la propia administración). Muchos de ellos -por ocupar cargos “menores”- no aparecerán en el Boletín Oficial.

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