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Cristóbal López, complicadísimo: La Justicia intervino la empresa Oil

El juez Javier Cosentino separó a los administradores de Oil Combustibles, Ignacio Rosner y Santiago Dellatore, por serias irregularidades

El juez comercial Javier Cosentino intervino la principal empresa de Cristóbal López, Oil Combustibles, a la que la AFIP le reclama deudas por $17.000 millones, y desplazó a los administradores Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.

El magistrado designó como interventores a los coadministradores judiciales que había puesto el mes pasado en la compañía, los cuales detectaron una serie de “irregularidades de tal entidad, que convencen acerca de la necesidad de desplazar totalmente al órgano de administración natural de la sociedad”, planteó el juez que lleva adelante el concurso de acreedores de Oil Combustibles.

Esta decisión profundiza la crisis en el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa; y aleja cada vez más al fondo de inversión OP Investment, de Rosner y Dellatorre, de ese grupo de 170 empresas (entre las cuales están Oil Combustibles, C5N, Radio 10 y la constructora CPC).

Es que primero el juez federal Julián Ercolini prohibió la venta de esas empresas y ahora el juez comercial los desplazó de la administración de su principal compañía.

Al salir de prisión, donde estuvo por más de 80 días, Cristóbal López improvisó una conferencia de prensa frente a su departamento en Puerto Madero y aseguró que jamás vendió las empresas de Indalo a OP Investment. “Sigo siendo el dueño”, manifestó.

​Sin embargo, eso no significa que Cristóbal López haya intentado mejorar la situación de sus empresas. El juez Cosentino planteó que los socios de Oil Combustibles informaron que “no harían aporte de capital alguno ni prestarían recursos a la sociedad, y que no existía posibilidad de inyección inmediata de fondos”, pese a que Oil “se halla en estado de cesación de pagos respecto de su pasivo postconcursal y de sus obligaciones corrientes”.

Por eso, el fallo de Cosentino abre el camino para que la Justicia pueda ahora comenzar a regularizar la situación de Oil Combustibles, que tiene paralizada la refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y dejó de proveer nafta a sus más de 300 estaciones de servicio.

De hecho, el juez comercial planteó que los tres coadministradores Carlos Bianchi, Liuba Lencova Besheva y Francisco Cárrega ─ahora interventores de la compañía─, señalaron que el Sindicato de Petroleros “habría alertado a sus afiliados para que resguarden las reservas de stock en planta, ante una eventual maniobra de vaciamiento, además de ciertos hechos verificados en la planta de San Lorenzo relativos a su seguridad”.

Como fundamento de la intervención judicial en Oil, la empresa que entre 2013 y 2015 retuvo más de $ 8.000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles, el fallo de Cosentino menciona una serie de irregularidades detectadas por los tres interventores de la compañía.

Una de ellas fue la falta de suministro de información requerida por el juzgado, así como el “notable aumento del pasivo posconcursal, tanto impositivo como comercial y desconocimiento por los administradores de lo relativo al incremento de dicho pasivo”. El 1 de marzo informaron que ese pasivo era $ 1.482,65 millones, “casi trescientos millones más” que el informado el 31 de diciembre pasado.

Además, los ahora interventores de la compañía señalaron que se pagaron honorarios “excesivos” para los directivos, pese a que “se paralizó la refinería”, quedaron desabastecidas “las estaciones de servicio” y la empresa había tenido una pérdida de $ 625 millones en su último balance cerrado en junio pasado.

Otras irregularidades mencionadas por Cosentino, en base al informe de los interventores fueron la realización de transferencias “relevantes” hacia otras sociedades del Grupo Indalo, “sin que en principio ello pudiera derivar en algún crédito” para Oil Combustibles. También hubo “contrataciones de servicios externos por sumas relevantes, sin que al menos en algunos casos se haya justificado la prestación de tales servicios”; así como la “desatención de la regla de prudencia y austeridad aconsejada invariablemente por la sindicatura desde hace tiempo”.

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