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Ercolini dejó a Cristóbal López y De Sousa, al borde del juicio oral

El juez determinó que la etapa de instrucción “se encuentra completa” y corrió vista a las partes para que informen si tienen objeciones

“Por estimar que se encuentra completa la instrucción respecto de los hechos atribuidos a Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray, córrase vista a la parte querellante -AFIP-, y al agente fiscal”, señala la resolución firmada por el juez federal Julián Ercolini a la que accedió Clarín y que habilita a las partes a pedir que el empresario K, su socio y el ex titular del fisco durante la gestión kirchnerista vayan a juicio oral por la millonaria deuda impositiva de Oil Combustibles.

La decisión del magistrado, que el 19 de diciembre pasado procesó por defraudación al Estado a Cristóbal López, de Sousa y Echegaray, se toma en medio del debate abierto por la excarcelación de los dueños del Grupo Indalo y los cambios en los delitos por los que se los acusó.

En la Cámara Federal de Casación se encuentra en análisis el pedido de la AFIP, que rechazó la modificación de la calificación penal que impuso la Sala I de la Cámara federal porteña, en la resolución que por voto mayoritario firmaron los jueces Jorge Ballestero (en disidencia con su par Leopoldo Bruglia) y el desempate de Eduardo Farah.

Para Farah y Ballesteros, los empresarios y Echegaray no deben estar procesados por defraudar al Estado por no pagar al fisco unos $ 8.000 millones correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el gobierno de Cristina Kirchner -fondos con los que financiaron el holding-, sino que consideraron que les cabe la acusación de “retención indebida de tributos”, un delito propio del fuero penal económico.

En la Cámara Federal de Casación no está en discusión la competencia del expediente, es decir si debe seguir en el fuero federal penal o si debe ir al Penal Tributario. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que “cualquiera podría mandarla, ya que dejaron en el fuero federal una causa con calificación del penal económico”.

Ante este escenario, fuentes judiciales indicaron a Clarín que si en el medio de los requerimientos de elevación a juicio, y en caso de existir la posibilidad de que el expediente se cambie de fuero, “no se detiene el proceso de elevación. Casación puede sortear para penal económico o federal ya que es el Tribunal superior de ambos fueros”. Es el escenario menos probable de todos modos.

Junto con la modificación de la calificación penal, la resolución de la Sala I también redujo el embargo que se había trabado a los acusados en la causa: de $ 17.000 millones, que es la deuda que la AFIP calcula que Oil Combustibles SA – la firma que retuvo el ITC-, mantiene a la fecha por dicha maniobra, la Cámara impuso una medida cautelar por $ 8.700 millones.

La AFIP, que la próxima semana realizará su pedido de elevación a juicio oral, según pudo saber este medio, lo hará bajo la acusación inicial. Es decir: Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray defraudaron al Estado por $ 17.000 millones y deben responder con sus respectivos patrimonios por dicha cifra.

También la siguiente semana, el máximo tribunal del fuero federal comenzará a analizar la apelación del organismo recaudador que se opone a la modificación del delito atribuido y la reducción del embargo trabajo. Además, ingresó la queja del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, quien pidió la prisión preventiva de los dueños del Grupo Indalo y de Echegaray.

El expediente

La causa se inició con una denuncia de la diputada Elisa Carrió en la que acusó al empresario K de no pagar al fisco el ITC, un impuesto incluido en el valor del combustible vendido por, en este caso, la firma Oil Combustibles S.A. que se encuentra con un concurso preventivo de acreedores abierto en el fuero civil y comercial.

Inicialmente y luego de tomar las indagatorias, el juez Ercolini consideró que se estaba ante un delito propio del fuero penal económico y se declaró incompetente, pero fue la Cámara de Casación la que determinó que debía investigarse la maniobra como un hecho de corrupción.

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