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Vidal quiere ‘despolitizar’ la designación de jueces

Trabaja en proyectos para quitarle influencia a los municipios en la creación de juzgados. Motoriza cambios en el ámbito penal

El Gobierno de María Eugenia Vidal trabaja en un proyecto de ley que promete “despolitizar” la elección de los jueces bonaerenses, con cursos obligatorios para quienes quieran ser seleccionados, órdenes de mérito atadas a los resultados de los exámenes y una bolsa de candidatos que podrán ser nombrados en distintas jurisdicciones.

El proyecto forma parte del paquete de “reforma integral del sistema de Justicia” que impulsa el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari. Son diez proyectos de ley -algunos ya presentados y otros en las gateras- que Vidal espera tener aprobados y operativos antes de diciembre de 2019, cuando termine su mandato.

La reforma fue anunciada por la gobernadora el 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa bonaerense. Cambiemos intentó aprobar el mes pasado las dos primeras iniciativas en un trámite veloz, sin debate en comisión.

Sin embargo, a pesar del peso que tiene en la Legislatura bonaerense (el frente Cambiemos consiguió una mayoría cómoda tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado), las críticas fueron tales que no pudo.

Esos primeros proyectos eran la iniciativa para agilizar el proceso de enjuiciamiento de los magistrados y el plan para convertir en ley el “mapa judicial”, un sistema que, explica el gobierno provincial, permite por primera vez tener datos concretos sobre cuánto trabajo tiene cada juzgado y sus resultados.

El oficialismo está en conversaciones con sectores de la oposición para avanzar con la reforma.

Ricardo Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia y hombre de Sergio Massa, dijo a LA NACION que se reunirá con Ferrari esta semana y afirmó: “El Frente Renovador va a acompañar leyes de empoderamiento del Poder Judicial siempre y cuando sean realmente de empoderamiento. Si son de injerencia sobre el Poder Judicial, no”.

Según Gutiérrez, “la primera gran discusión es que el Poder Judicial tiene que ser autárquico” para que la Corte no dependa del Poder Ejecutivo provincial para disponer de sus fondos. “Si mandan un plan, la nave insignia tiene que ser la autarquía”, dijo.

El kirchnerismo, en tanto, fue muy crítico del plan original del gobierno de Vidal de aprobar proyectos sin debate previo en las comisiones.

La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado bonaerense, Teresa García, dijo que la gobernadora debía “recordar” que hay tres poderes en el Estado y que no iban a aceptar que se enviaran “leyes de transformaciones profundas para ser tratadas sobre tablas”. Finalmente, el oficialismo retiró esos proyectos, que ahora se debatirán en comisión.

Por etapas
La primera etapa de reforma incluye también cambios en el Código Procesal Penal que buscan -informó el gobierno- un procedimiento “enfocado en la víctima” por contraposición con lo que consideran un sistema concentrado en el delincuente, en referencia al actual.

Según dijo el ministro Ferrari a LA NACION, con el nuevo código las víctimas podrán “conocer y participar en las decisiones que tome el juez en todo el proceso”; también, opinar sobre medidas como las salidas transitorias o la libertad condicional.

“Si los jueces no permiten participar a la víctima cuando corresponda, los actos serán nulos”, informó el ministro de Justicia.

“Es necesario que la Justicia en la provincia sufra una profunda transformación”, sostuvo Ferrari.

Para eso anuncia una reforma estructural dividida en dos grandes ejes: lo normativo (los cambios en los códigos) y lo relativo a los “actores del sistema”: en este capítulo, Ferrari dice que es prioritario mejorar la forma de enjuiciamiento y de selección de los magistrados.

En materia de selección de jueces, explica que el proyecto del gobierno obliga a filmar los exámenes orales y establece que los escritos ya no serán teóricos, sino que consistirán en resolver casos reales.

Además, la iniciativa impone un orden de mérito de los postulantes atado al orden de las calificaciones en esos exámenes -hoy todos los que aprobaron, los mejores y los peores, están en igualdad de condiciones para ser elegidos, explica el gobierno-. Prevé, además, que los concursos se hagan “por especialidad” y no “por la ubicación” del juzgado.

Con esto, ya no se concursará para un distrito en concreto. De este modo, al no presentarse para un juzgado determinado, podría desvincularse a los postulantes de los referentes políticos locales y evitar, así, que el candidato de un intendente, por ejemplo, se presente para ser el juez de su distrito.

La idea del gobierno incluye también que todos los que quieran ser candidatos a jueces tengan que aprobar un curso en la Escuela Judicial, que durará entre un año y medio y dos años. Cambiemos planea poner a discusión este requisito del curso en una segunda etapa.

Cambios en los códigos
Mientras tanto, para mediados de este año, el oficialismo espera tener listos los proyectos de nuevo código contravencional y de nueva ley de procedimiento laboral.

Después será el turno del nuevo proyecto de Código Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires y a fin de año esperan presentar una iniciativa que modifique la ley orgánica del Poder Judicial.

Se trata de dos propuestas que generarán debate y quedarán para el año próximo: la idea de instaurar la Escuela Judicial obligatoria para quien quiera ser juez y el proyecto para crear por ley un sistema de capacitación previa a la habilitación efectiva de los abogados.

El diputado Gutiérrez (Frente Renovador) adelantó que el proyecto para acelerar los juicios a jueces seguramente va a contar con el apoyo de su bloque. Pero que el mapa judicial es un asunto “delicado” que requiere más estudio. Lo mismo que el proyecto de Escuela Judicial obligatoria.

“Tenemos un organismo que es el encargado del tema, que es el Consejo. Veremos qué quiere hacer ahora el ministerio”, indicó el legislador de la oposición.

El ministro Ferrari, por su parte, sostiene que las ideas rectoras de los proyectos son “despolitizar” y “mejorar el servicio de Justicia”.

Cuando el ministro presentó el plan dentro del gobierno partió de un número: solo el 17% de la gente confía en la Justicia.

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