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“El desafío de recuperar nuestras ciudades”, por Luciano Román

Nos hemos habituado a vivir en centros urbanos hostiles, agresivos y dominados por la anomia, pero debemos volver a convertirlos en ámbitos integradores y civilizados

Nos hemos acostumbrado -acaso resignado- a vivir en ciudades hostiles, agresivas y dominadas por la anomia. La degradación urbana se ha acentuado tanto que casi la hemos naturalizado; apenas nos llama la atención y hasta la justificamos con una mezcla de indiferencia, demagogia y complicidad; quizá también con impotencia. Los centros urbanos de la Argentina -incluidas aquellas ciudades medianas que aún conservan escala humana- se han convertido, ya desde hace décadas, en ámbitos inseguros, maltratados, anárquicos y contaminados. Es un deterioro que se puede observar a simple vista, pero que sin embargo alcanza una profundidad y una complejidad que exceden esa capa visible de hostilidad y decadencia.

Si miramos nuestras ciudades con ojo atento, vemos que la prepotencia, la arbitrariedad y la ley del más fuerte (como la del más audaz) van ganando la partida. La civilización, la cortesía, el respeto al espacio público y el apego a las normas están completamente en retirada. La cultura del piquete, concebida como la apropiación y el uso indebido y prepotente de las calles, se ha enquistado en todos los engranajes de la vida urbana. Hasta nos topamos muchas veces con un Estado piquetero, que obstaculiza, llena de vallas y descuida el espacio público. Vivimos en ciudades profanadas, y nos parece normal. Son ciudades que han extraviado la noción de legalidad, habitadas por la violencia, dominadas por un tránsito salvaje, sin cultura ciudadana, enredadas en su caos cotidiano y sin apego a normas básicas de convivencia. Todo esto, frente a un Estado espasmódico, que confunde tolerancia con complicidad, que no da el ejemplo y que se muestra muchas veces desconcertado e impotente.

No hay fachada que se salve del pintarrajeo vandálico; no hay espacio que se preserve de las pegatinas políticas (quizá las más chocantes, porque provienen de quienes dicen postularse para cuidar “lo público”); no hay lugares donde se respete el silencio; no hay veredas aptas para peatones frágiles; menos, para sillas de ruedas. La doble fila es una institución; los basurales forman parte del paisaje. No hay canteros que cuidemos entre todos ni bancos de plaza que resistan el maltrato. Los motoqueros imponen su ley; los escapes libres o los parlantes móviles le aportan banda sonora a esa prepotencia. En este contexto, el “vale todo”, la ilegalidad y las mafias encuentran cobijo y oportunidades.

La venta ambulante se ha adueñado de nuestras ciudades y ha desafiado al Estado con éxito llamativo. Nos tienta la comprensión demagógica. Nos cuesta ver las consecuencias profundas del comercio ilegal y clandestino, que el año pasado movió en todo el país más de 120.000 millones de pesos. Es tentador pensar que frente a tantos “peces gordos” y tanto “guante blanco” anida una injusticia en la aplicación de las normas frente a los eslabones más débiles, como lo son los manteros. Nos cuesta ver que detrás de esos actores, sin duda vulnerables, hay muchos “peces gordos” que lucran con la necesidad ajena. Hay pequeñas mafias. Quizá no sea crimen organizado (que también infecta las ciudades argentinas), pero se trata, al menos, de ilegalidad organizada. Las normas, por otra parte, no son para cumplir “cuando nos parece”. La anomia siempre perjudica, más temprano que tarde, a los más débiles. El comercio “en negro” priva a los más necesitados de mejores oportunidades y mejores servicios, aunque nos cueste verlo a simple vista.

Una escena se repite en los centros urbanos: la policía desembarca, con inspectores municipales, para desalojar un puesto de venta clandestina en la calle. Los testigos ocasionales (vecinos que esperan el colectivo o que pasan por el lugar) reaccionan espontáneamente en defensa del vendedor ambulante e increpan a la policía: “¿No ves que está trabajando?”, “¿por qué no van a agarrar a los chorros?”. Hay agentes policiales que hasta han sufrido agresiones físicas en esas circunstancias. El policía también está trabajando, y seguramente por un salario magro. Es probable que se haya levantado a las 4 de la mañana y haya tenido que tomar un tren y dos colectivos para llegar al destacamento o la comisaría. Es probable que haga doble turno y adicionales los domingos para llegar a fin de mes. Pero nos cuesta solidarizarnos con él. Nos cuesta aceptar la norma; la ley y la autoridad nos resultan antipáticas. Siempre habrá infractores o delincuentes peores. ¿Eso debe darles vía libre a los que cometen faltas o delitos menores? ¿Dónde termina la solidaridad y empieza la complicidad?

En la cultura piquetera que domina nuestras ciudades, sacan patente de corso los barrabravas, los cuidacoches, las organizaciones de trata que manejan zonas rojas, los “arbolitos” y cualquier importadora trucha que alimente el circuito del comercio ilegal.

En estas ciudades de normas laxas y códigos confusos, ocurren también fenómenos más sofisticados y complejos. Desembarca, sin pedir permiso ni atenerse a regulaciones, el trabajo de plataformas. Irrumpen Uber, Glovo, Airbnb, y un día nos encontramos con estructuras que mueven millones, pero no tributan nada; que tienen miles de trabajadores, pero ningún empleado; que para despedir a alguien no mandan telegrama, sino que pulsan un botón y lo bloquean. El incumplimiento de las normas es contagioso y genera una cultura en la que cada vez es más difícil ponerle el cascabel al gato.

Estas ciudades maltratadas, vulnerables a cualquier abuso y atropello, se vuelven cada vez menos democráticas, más fragmentadas y tabicadas, más replegadas sobre una estructura de guetos. Las clases acomodadas se van a vivir a barrios cerrados y restringen al mínimo indispensable su vida en la ciudad. Los colegios de elite también se van a los countries o los suburbios residenciales. Lo más democrático, que es el espacio público, queda tan degradado que se transforma en ambiente marginal. Así, las ciudades pierden identidad, empujadas también por el avasallamiento de su patrimonio histórico. Pierden calidad de vida y debilitan el sentido de pertenencia.

Cuando se piensa en las ciudades se piensa en Buenos Aires, que en realidad es “otro mundo” y que probablemente no encaje en esta generalización. Pero las capitales de las provincias argentinas, así como otras ciudades grandes y medianas del interior (aun de zonas ricas y pujantes), comparten con las del conurbano bonaerense esta suerte de urbanidad degradada. Por supuesto que hay diferencias y matices, pero casi ninguna tiene buenos sistemas de transporte, casi todas están asediadas por la inseguridad y exhiben las cicatrices del maltrato en sus espacios públicos.

No podemos resignarnos. Las ciudades son nuestro hábitat, son los espacios en los que crecen nuestros hijos. Recuperar su hospitalidad, su atmósfera civilizada, su condición de ámbitos integradores, exige, por supuesto, grandes esfuerzos de los gobiernos, adecuadas planificaciones urbanísticas y estrategias de sustentabilidad, inversiones, visión de futuro, legislaciones modernas. Pero exige, sobre todo, un compromiso ciudadano basado en la legalidad y en algo que en la Argentina tiene mala prensa: el orden. Y eso lo construimos entre todos. Si empezamos por respetar las normas básicas podremos, con empeño colectivo, hacer una revolución. Tendremos lo que solemos admirar en otras ciudades del mundo: parques cuidados y silenciosos, calles limpias, trenes impecables, veredas despejadas, arte en el espacio público. No son perfectas -por supuesto- ni están exentas de tensiones. Son ciudades amigables. Son ciudades vivibles. Nada más y nada menos.

Editorial de Luciano Román para “La Nación”

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