Paraguay atraviesa una profunda crisis financiera tras la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país. La decisión del Banco Central dejó a cerca de tres millones de clientes sin posibilidad de operar normalmente con sus cuentas, retirar efectivo o realizar transferencias, y desató protestas de ahorristas y cuestionamientos contra el gobierno de Santiago Peña.
El episodio comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay dispuso el procedimiento de resolución de la entidad luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
La situación generó comparaciones con el corralito argentino de 2001. Sin embargo, hay una diferencia importante: las restricciones afectan específicamente a Ueno Bank y no representan, hasta el momento, un bloqueo generalizado de los depósitos de todo el sistema financiero paraguayo.
Qué pasó con Ueno Bank y qué ocurrirá con los depósitos
La intervención dejó a millones de usuarios sin acceso normal a sus ahorros. Las aplicaciones y los servicios bancarios quedaron fuera de funcionamiento, mientras que las sucursales permanecieron bajo custodia policial.
El Banco Central explicó que el procedimiento busca preservar los activos de la entidad y proteger a los depositantes. La legislación paraguaya establece una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por persona y por entidad financiera, equivalente a 228,3 millones de guaraníes.
Como primera medida, las autoridades anunciaron un anticipo de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos. La cobertura legal alcanza, según estimaciones preliminares, a aproximadamente el 97% de los clientes de Ueno Bank.
La situación es más incierta para quienes tienen depósitos superiores al límite garantizado. El Banco Central señaló que buscará proteger esos saldos en la mayor medida posible, aunque todavía debe determinarse cuánto dinero podrá recuperarse a través del procedimiento.
Protestas, detenciones y una investigación judicial
La crisis también derivó en manifestaciones frente a las instalaciones de la entidad y las dependencias judiciales. Los clientes reclamaron respuestas sobre el destino de sus ahorros y exigieron que se garantice la devolución del dinero.
En paralelo, la Fiscalía ordenó la detención de directivos y ejecutivos vinculados con Ueno Bank, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras y otros posibles delitos.
Entre los detenidos se encuentran el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale, y otros integrantes de su conducción. Los investigadores también dispusieron medidas sobre los bienes de los involucrados.
Las detenciones forman parte de una investigación en curso y no implican que exista una condena contra los acusados.
Los fondos jubilatorios también quedaron bajo la lupa
Uno de los aspectos más delicados del caso es la exposición de recursos públicos a través de Ueno Bank.
Según informó Associated Press, la entidad administraba entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales aproximadamente 380 millones correspondían a inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo paraguayo encargado de la seguridad social.
Además, alrededor de 32.000 jubilados y pensionados cobraban sus haberes a través de esa institución financiera. Las autoridades previsionales aseguraron que los pagos continuarán y que esos beneficiarios serán trasladados a otras entidades bancarias.
El caso abrió interrogantes sobre los controles aplicados a las inversiones públicas y las decisiones que permitieron que importantes recursos estatales quedaran vinculados a una entidad que terminó intervenida.
Renunció el titular del Banco Central y crecen los cuestionamientos a Santiago Peña
Las repercusiones alcanzaron directamente al gobierno paraguayo. El presidente Santiago Peña solicitó la renuncia de Carlos Carvallo, titular del Banco Central, quien había dirigido anteriormente la entidad que precedió a Ueno Bank.
También quedó bajo cuestionamiento la relación empresarial que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, propietario del banco, hasta marzo de 2025.
La oposición presentó pedidos de juicio político contra el mandatario y reclamó explicaciones por los fondos públicos comprometidos y los posibles conflictos de intereses. Según Reuters, 35 legisladores impulsaron las acusaciones en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la oposición todavía no cuenta con los dos tercios necesarios para avanzar con la destitución presidencial.
Peña pidió que se priorice la protección de los ahorristas y aseguró que quienes hayan cometido irregularidades deberán responder ante la Justicia.
¿Puede repetirse un corralito como el de Argentina?
La comparación con diciembre de 2001 en Argentina se instaló rápidamente entre los usuarios y los medios de comunicación de Paraguay. No obstante, las autoridades financieras sostienen que se trata de una situación puntual de una entidad y que el resto del sistema bancario continúa operando normalmente.
La Asociación de Bancos del Paraguay aseguró que las entidades financieras están funcionando y absorbiendo el aumento de clientes que buscan trasladar sus cuentas desde Ueno Bank.
El desafío inmediato será determinar el patrimonio real de la entidad, establecer las responsabilidades por su deterioro financiero y garantizar que los depositantes puedan recuperar su dinero.
Mientras tanto, la crisis dejó de ser solamente un problema bancario: se transformó en un conflicto económico, judicial y político que pone bajo presión al gobierno de Santiago Peña.
