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Aunque lo haga tarde, la Justicia está avanzando

Por JORGE ENRÍQUEZ.- No hay en la Argentina presos políticos; hay políticos presos, porque delinquieron

Por Jorge Enríquez (*) -para Infobae

La acumulación de ex altos funcionarios kirchneristas en el penal de Ezeiza indica que, aunque sea tarde, la Justicia está avanzando. La sociedad exige que esta vez no haya impunidad y todos los poderes del Estado, pero en primer término el Judicial, deben actuar de la forma que se espera de ellos en una república.

El último en ingresar fue el que alcanzó mayor jerarquía institucional: el ex vicepresidente Amado Boudou. Bouodu es el protagonista de numerosas causas penales. Algunas, por su envergadura, de enorme trascendencia económica, como la de Ciccone. Otras son menores, pero muy simbólicas, como la del auto en cuyo certificado falsificó la fecha de compra para que apareciera como un bien propio, a fin de que no ingresara en el acervo conyugal luego de su divorcio.

Hay un modus operandi que el playboy otoñal cultiva desde su juventud marplatense, que consiste en quedarse con dineros ajenos, sean públicos o privados. Lo extraño es que este personaje que parece surgido de alguna novela picaresca del Siglo de Oro español, como La vida del Buscón, de Francisco de Quevedo, haya llegado a ser vicepresidente de la nación.

Los argentinos de las nuevas generaciones deben saber que la falta de escrúpulos no era, en otros tiempos, como, felizmente, ya no lo es ahora, un mérito para ser postulado a funciones eminentes. Entre otros, cabe recordar el caso de Elpidio González, que fue vicepresidente de Marcelo T. de Alvear y rechazó, años más tarde, la pensión que le correspondía por ese cargo. Después de haber tenido muy altas responsabilidades institucionales, era común en los años treinta verlo en los colectivos con un portafolios, ya que se dedicaba a la venta de anilinas.

Boudou y Julio de Vido se quejan de que se los haya detenido sin condena. Ignoran o pretenden ignorar que dictar la prisión preventiva es una atribución de los jueces cuando entienden que hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación criminal. Es cierto que debería ser la excepción, no la regla, pero los jueces han considerado que, en virtud de la gravedad de los delitos imputados, la reciente posición de esos funcionarios en el entramado estatal hacía factible que intentaran suprimir evidencias de sus conductas.

En nada afecta el Estado de derecho ni las garantías constitucionales el uso de un instrumento previsto por el Código Procesal Penal. Es natural que los que montaron un esquema de megacorrupción inédito aleguen ahora en su provecho algunas argucias procesales. Más curioso es que logren eco en algunos periodistas que, en su afán de aparecer como neutrales, confunden a la opinión pública. Lo lógico sería que se preguntaran por qué, ante una masa probatoria tan contundente y manifiesta, las causas no avanzaron antes.

No hay en la Argentina presos políticos; hay políticos presos, porque delinquieron. La igualdad ante la ley se impone a los pactos mafiosos de impunidad.

(*) El autor es Subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos.

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